La Patagonia debate su futuro laboral entre despidos y cuentas en rojo

El Gobierno nacional quiere que el miércoles 11 de febrero el Senado dé media sanción al proyecto de ley de Modernización Laboral, que referentes sindicales y hasta empresariales prefieren denominar “reforma regresiva”. El oficialismo nacional impulsa la norma con el objetivo de reducir el 42% de relaciones informales de trabajo en Argentina y aduce que son resultado de viejas leyes con más de 50 años. Recurren para eso a una batería de casi 200 artículos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo y la de Asociaciones Sindicales.

Pero las experiencias que aligeran normas de contratación, facilitan despidos y debilitan la acción colectiva de los sindicatos ya fueron introducidas a la legislación laboral en los ´90 y desembocaron al final de la década con más informalidad y desocupación. Algo similar ocurrió con el capítulo laboral de la Ley BASES de 2024: en el año posterior a su aprobación, la cuenta de generación de ingreso e insumo de mano de obra que publica el INDEC reveló que de los 450.000 puestos que se crearon, dos de tres fueron cuentapropistas y uno de tres fueron asalariados no registrados.

Escrito por estudios de abogados de grandes empresas, el proyecto acumula rechazos de sindicatos, una parte de los dirigentes pyme y la oposición. Los gobernadores se inquietan, porque el texto reduce la alícuota del coparticipado impuesto a las ganancias de sociedades comerciales. A cambio de su apoyo en el Congreso, el Gobierno nacional ofreció una negociación. Arrinconados, otra vez, los mandatarios patagónicos hacen malabares entre una realidad laboral propia y el rojo de sus cuentas fiscales.

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—Los gobernadores son unos cagones —dice al otro lado de la línea Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE—. Su cobardía nos está llevando puestos a los argentinos. Milei solo no puede, necesita de ellos para aplicar una reforma fiscal encubierta para reducir las alícuotas de las grandes empresas.

Antes de que se presentara en el Congreso, ATE ya estaba en contra del proyecto. Los más de 40 mil despidos en el Estado nacional y el ajuste de un tercio del salario de los trabajadores públicos eran motivo suficiente. Es uno de los gremios más castigados por la política económica, como los metalúrgicos de la UOM, que registra una caída de la producción, despidos y un horizonte cerrado: 8 de cada 10 empresarios de ese rubro piensa que todo será peor en el corto plazo, según la encuesta que publicó en febrero la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). ATE y la UOM junto a la Federación de Aceiteros que procesan soja y los aeronáuticos convocaron para este miércoles 11 a un paro general que contrasta con el tiempismo de la conducción de la CGT.

—El movimiento obrero no puede conformarse con el mal menor. Los 136 puntos del proyecto perjudican a los trabajadores. Modificando cuatro o cinco perdemos por goleada —dice Aguiar, para quien la judicialización tampoco es una alternativa—. La última vez que la Corte declaró inconstitucional una reforma laboral demoró trece años.

El artículo sobre ganancias de sociedades comerciales reduce la alícuota del 30% al 27% y la del 35% al 31,5%. Esas alícuotas coparticipadas entre las provincias representan el 0,22% del PBI. Nair Argañaraz, Presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, proyecta a 2030 una pérdida para Nación y provincias de 1,7 billones de pesos.

El Ministro del Interior, Diego Santilli, fue el encargado de apaciguar el lamento de gobernadores y negociar el voto afirmativo de senadores y diputados leales. La secuencia arrancó en El Hoyo, Chubut, los primeros días de enero, mientras el incendio más grande de los últimos años arrasaba con bosques y casas. El gobernador Ignacio Torres dijo que no tenía una posición tomada sobre la reforma. Su aliado, el diputado Jorge Ávila, secretario general del sindicato petrolero, ya anticipó su rechazo. Santilli se reunió luego con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en Villa La Angostura. Figueroa optó por la retórica para evitar un pronunciamiento claro:

—Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos —dijo sin aclarar el sentido del voto de la senadora y la diputada que le responden. Su aliado Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de petroleros de Vaca Muerta, dijo que no va aceptar banco de horas ni peores condiciones de contratación, dos aspectos incluídos en el proyecto de ley.

Fue el turno después de Alberto Weretilneck en Buenos Aires, que se pronunció a favor del proyecto, aunque ya no cuenta con legisladores nacionales propios. A cambio incluyó en la agenda un temario propicio para Rio Negro: algunas obras e intentar captar inversiones privadas para minería, petróleo y gas.

Santilli por último recibió en Casa Rosada al gobernador Sergio Ziliotto, de La Pampa, uno de los más enfrentados al gobierno, quien anticipó el rechazo de los tres diputados y el senador que le responden.

—No hay toma y daca —dijo.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se pronunció en medios contra la reforma, aunque no cuenta con representación legislativa propia que inquiete al Gobierno. El de Santa Cruz, Claudio Vidal, también opinó contra el proyecto de ley. Cuenta con un diputado y dos senadores propios.

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“La empresa donde trabajás cierra. Te despiden. Salís a trabajar con la aplicación. No alcanza. Volvés a tu casa y le pasas el auto a tu hijo, que antes solo estudiaba. Suben la tasa de actividad y la tasa de empleo. A algunos por acá eso les parece una buena noticia”, ironiza en X Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

La informalidad no es alta en la dinámica laboral patagónica, explica Guillermo Polke, Presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, ligada al 40% de la mano de obra en comercios, industrias, turismo y servicios. Lo que más le preocupa es la creciente tasa de desocupación, que se explica por la retirada de YPF de los pozos convencionales de petróleo, la obra pública desactivada, la construcción suspendida de las centrales chinas.

—Está bien revisar leyes y convenios, pero vendernos que este proyecto viene a bajar la desocupación, por mejor redactado que esté, es un verso. La desocupación, la informalidad, se revierten reactivando la producción del país –dice al otro lado del teléfono.

Molesta a los empresarios pyme la obligación de implementar un Fondo de Asistencia Laboral: una cuenta de inversión, como fueron las AFJP, donde todos los meses un empleador deposita el 3% de la masa salarial que servirá para pagar un eventual despido. En compensación, puede eludir el pago del 3% de las cargas sociales destinadas a la ANSES, lo que abre una polémica: ¿por qué los beneficiarios de políticas sociales van a costear la indemnización que debe pagar un empleador?

—¿Pero a los empresarios no les conviene un proyecto que reduce el monto de las indemnizaciones y que restringe el derecho de huelga?

—El mayor conflicto que tenemos las empresas son los juicios: tenemos que pagar abogados y peritos, mientras que al trabajador todo eso no le cuesta un peso. Este proyecto no resuelve eso. No me sirve que digan que puedo echar a alguien, es un papelucho contra derechos constitucionales garantizados. No me saca del quilombo, me mete en más quilombos.

–¿Y el fin de la ultractividad, el fin de un convenio colectivo si no hay una renegociación después de su vencimiento?

—La figura del pyme es la del dueño que hace de todo junto a sus empleados: compra, produce, paga sueldos, hace de community manager. No tiene recursos, ni tiempo para sentarse a renegociar un convenio por empresa.

Walter Sequeira, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, coincide en que la caída del 40% de las ventas se levanta con producción, aunque piensa que algunas reformas son necesarias. Sí le preocupa el fin de los aportes obligatorios al Instituto Nacional de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).

—Los más interesados en eliminarlos son los grandes comercios y grandes empresas de servicios que emplean grandes números de empleados —dice.

El aporte aproximado que destina un empresario al INACAP es del 0,5% de la masa salarial que luego la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) distribuyen para la capacitación de empresarios y empleados. El año pasado el gobierno decretó su eliminación, pero la Justicia lo restituyó.

Muchos artículos del proyecto se desprenden del capítulo laboral del Decreto 70/23 suspendido por la Justicia. El periodista Diego Genoud señala en un artículo publicado en diciembre de 2023 en La Política Online, que detrás de Federico Sturzzenegger otros actores de enorme poder revisaron los puntos más importantes de ese megadecreto. Entre ellos el abogado Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro hasta enero de 2025, ex ministro de la Corte, ministro de Justicia de Carlos Menem, asesor del multimillonario Eduardo Eurnekian. Y el estudio Bruchou & Funes de Rioja, que surgió de la fusión de dos de los estudios más poderosos del país, con 55 socios y más de 150 abogados, perteneciente a Enrique Bruchou y Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), la cámara que nuclea a las grandes alimenticias, quienes tienen por cliente a los dueños de la Argentina.

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En abril de 1995 en Ushuaia murió el primer trabajador en protestas sociales desde el regreso de la democracia: Víctor Choque, un obrero de la construcción. La represión a manifestaciones contra los cierres de empresas y despidos sin indemnización fueron la contracara de la apertura a las importaciones y el 1 a 1 de la década que deterioró la industria tecnológica fueguina. Uno de los líderes de esas protestas, Oscar Martínez, es hoy secretario general de la UOM de Río Grande.

—El índice de informalidad laboral en la provincia no es alto –dice Martínez–. El mayor empleador informal es el Estado, sobre todo entre los municipales, docentes y equipos de salud, con monotributo y otros mecanismos.

A Martínez más le preocupa la desocupación en Tierra del Fuego. En mayo pasado la provincia contaba con 7000 obreros metalúrgicos y hoy con 6000, resultado de despidos por la eliminación de aranceles que protegían algunos productos de la importación. Varias empresas retiraron líneas y objetivos de producción. Dice que la reforma no viene a revertir ese proceso.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que un convenio colectivo prevalece sobre convenios inferiores, como el acordado en una empresa, salvo que éstos sean más favorables al trabajador. La propuesta del Gobierno nacional es que los convenios de ámbitos menores en términos regionales, provinciales o por empresa, siempre predominen sobre los ámbitos superiores, aunque fuesen menos beneficiosos para los empleados.

—Nosotros estamos muy en contra de la descentralización —dice Martínez—. Nos costó mucho esfuerzo construir unidad en la organización para que se reconozcan condiciones de trabajo similares en establecimientos que están a poca distancia entre sí y que producen lo mismo.

—¿Por qué pensás que lo quieren implementar?

—Porque los convenios que tienen carácter nacional y federal logran unificar luchas, sin desentenderse de las particularidades por región.

Más que de un proyecto de reforma o de modernización laboral, podría hablarse de tres. Uno que alivia las cuentas patronales mediante la transferencia de recursos de políticas sociales. Otro que debilita la acción de los sindicatos. Y un tercero que fortalece la disciplina laboral en los sectores de trabajo. Entre medio, algunos artículos habitan una zona gris: la posibilidad de fraccionar vacaciones o administrar la extensión de jornadas en un banco de horas puede resultar conveniente a empresarios y jóvenes que piensan que podrán manejar su agenda laboral. A favor del proyecto están quienes se ilusionan con el recetario del mercado y en contra quienes piensan que empleados y empleadores no son partes en iguales condiciones de libertad para negociar.