La domada imposible

“Vamos hacia una deriva autoritaria”. La frase pertenece al rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y actual vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, y alude a la cuestión de fondo del ataque del Gobierno nacional a las Universidades: la búsqueda de la subordinación mediante el vaciamiento. La reiteró el último viernes en la conferencia que dió junto a su par de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA), Beatriz Gentile, representantes gremiales y de agrupaciones estudiantiles para llamar a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará este martes 12 de mayo en todo el país.

La devastación universitaria comenzó con el desdén gubernamental hacia la educación pública argentina, una afición libertaria que fue evidente durante la campaña y realidad cuando le bajó el rango al área educativa que pasó de ministerio a secretaría. Desde lo simbólico resultó una señal contundente. La mayoría de las noticias que trascienden de la gestión educativa nacional están relacionadas con ajustes, intimidaciones, chicanas y embestidas irracionales, acusaciones a las universidades de ejercer adoctrinamiento o faltar a la transparencia. “Ataque” es el calificativo con el que los universitarios comenzaron a definir el encono del gobierno. “Domar” es el verbo que repite en X el subsecretario de Políticas Universitarias y que corea el ejército de trolls mantenidos por el Estado para responder a los argumentos con los que los universitarios dan cuenta del ahogo presupuestario. “Resiliencia” es la respuesta unívoca de una comunidad obstinada que no se rinde a pesar del hastío y que responde al mecanismo del desgaste progresivo con el convencimiento de su razón de ser, con paros sucesivos y movilizaciones.

Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y Beatriz Gentile, su par de la Universidad Nacional del Comahue, junto a representantes gremiales y de agrupaciones estudiantiles convocan a la cuarta marcha federal universitaria.

La envergadura del desastre fue expuesta desde el inicio de la gestión libertaria y magnificada en el 95° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en marzo. El encuentro funcionó como el escenario de una denuncia colectiva contra el desmantelamiento programado de la universidad pública. Lo que el CIN puso sobre la mesa fue la radiografía del colapso: entre 2023 y 2026, las transferencias nacionales al sistema registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento, una reducción de recursos sin precedentes que evidencia una voluntad política de demolición del sistema universitario argentino. La asfixia se siente con especial crueldad en los bolsillos de los trabajadores universitarios. El deterioro del salario alcanzó su punto más bajo en 23 años. Mientras la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 trepó al 280 por ciento, los incrementos salariales apenas llegaron al 158 por ciento. El vaciamiento operativo provocó que los gastos de funcionamiento caigan al 40 por ciento de sus valores de 2023, mientras que la inversión en infraestructura y acompañamiento estudiantil se desplomó al 0 por ciento. Para los estudiantes, el golpe también fue drástico con el desmantelamiento de las Becas Progresar, con un recorte real superior al 95 por ciento. El último viernes, Sol Martínez, presidenta del Centro de Estudiantes del Centro Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue, volvió a elevar su voz en nombre de sus pares: "Un Progresar con 35 mil pesos que hoy no alcanza para el boleto, que hoy no alcanza ni siquiera para pagar internet, ni siquiera para pagar un poco de comida una o dos semanas”.

El pedido de reparación presupuestaria había sido encauzado a través del proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que, a pesar de haber recorrido todos los estadios institucionales desde agosto de 2024, permanece en un limbo de ejecución por decisión del Poder Ejecutivo. Fue aprobada originalmente por el Parlamento con una mayoría calificada y cuenta con cinco aprobaciones en distintas instancias legislativas. Tras un intento de freno por parte del Gobierno, el Congreso ratificó la norma, que se encuentra en plena vigencia desde el 21 de octubre del año pasado tras ser promulgada por el propio Poder Ejecutivo. La Justicia intervino en dos oportunidades, dando la razón a las universidades, pero el Ejecutivo continúa desoyendo tanto los fallos judiciales como el mandato legislativo. Pasaron más de 200 días.

Como una referencia a la malograda apuesta arquitectónica que por estos días tiene a maltraer al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo Gentile: “Tenemos una cascada de motivos para poder defender a la universidad pública gratuita y de calidad”. En un llamamiento a la sociedad a ponderar la importancia que tienen las universidades regionales en el desarrollo patagónico, señaló que la debacle tiene también una dimensión territorial: el 5 por ciento de la planta docente de la UNCOMA renunció buscando una mejoría económica en otros destinos. Un éxodo similar sufre la UNRN.

En Río Negro y Neuquén, la base de esa defensa está conformada por un universo de más de 53 mil estudiantes que cursan alguna de las 140 carreras que dictan entre ambas universidades. Más del 50 por ciento de ellos son primera generación de estudiantes universitarios, y en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, el 87 por ciento de ellos son originarios de la provincia o de otra provincia patagónica, un dato que da cuenta de la permanencia en sus ciudades de una franja poblacional que hace dos décadas migraba obligada (y si podía), a otros centros urbanos. Esa comunidad se engrosa con aproximadamente 5200 mil docentes y casi 1400 trabajadores no docentes, quienes desde el inicio de la gestión gubernamental de la Libertad Avanza perdieron el 32 por ciento de su poder adquisitivo equivalente a más de siete salarios mensuales completos. Las cifras son similares en el resto de las universidades nacionales patagónicas. Mahuen Gallo, del gremio docente del CURZAS, amplificó la magnitud del impacto: “También nos está robando la posibilidad de proyección de futuro. Destruir el sistema científico tecnológico nacional implica que tengamos un país con menor calidad de desarrollo, con menor calidad de producción y con profesionales que no se puedan formar en nuestras universidades públicas”.

“Lo que estamos exigiendo no solamente nos pertenece a nosotros, a la comunidad universitaria, sino que le pertenece a todo el pueblo argentino”, agregó Sol Martínez, representante de los estudiantes.

“Sería un error reducir lo que estamos viviendo solamente a una cuestión económica porque lo que está en riesgo es mucho más profundo. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando el ajuste deja de ser solo una política de recorte para transformarse en una lógica de subordinación institucional, cuando el Ejecutivo parece atribuirse la facultad de decidir qué leyes cumplir y cuáles relativizar según conveniencia ideológica o cálculo político”, insistió Anselmo Torres.

Por eso, el llamado a la cuarta marcha federal universitaria excede el reclamo de un sector, es el grito mismo por la supervivencia del orden democrático y un modelo de país soberano e inclusivo.-