Ellos van y limpian

Una vieja publicidad del canal TyC Sports arengaba: en la cancha no cantes “los vamos a matar” porque ellos van y matan. Palabras más, palabras menos. Las tribunas -las barras bravas y el resto del público-, cantan “los vamos a matar” bajo el amparo de la multitud. En ese comportamiento de masa, la seguridad de “excepción de castigo” -tal la definición de impunidad- está dada por la masividad. En tanto multitud, la impunidad está garantizada.

Además, una cosa es cantar y otra, matar.

En el espacio del poder real la garantía de impunidad se cimienta en el estatus, en la colonización de los puestos de decisión, en las redes vinculares, en la reproducción de un sistema de garantías personal y grupal extra-legal, en la (pre) potencia económica, en la, todavía, veneración virreinal “al que llega”.

En ese espacio, cantar -o sugerir o mandar a- puede asemejarse a una orden. O a una maniobra distractiva. La frase “limpiemos un mapuche” en boca de un Fiscal General de la ciudad capital de un país que en los últimos años ha limpiado, por lo menos, dos mapuches, y en el marco de un grupo de chat que comparten jueces, servicios de inteligencia y directivos de un conglomerado mediático que defendió esa “limpieza”, no puede pasar desapercibida.

Porque, Fiscal General Juan Bautista Mahiques, en el espacio del poder real cuando alguien dice “limpiemos un mapuche”, ellos van y limpian.

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La cobertura mediática del escándalo por el intento de manipulación de pruebas del grupo “los huemules” que durante el mes de octubre viajó a Lago Escondido pagado por el diario Clarín, no se detuvo en la frase de Mahiques. Prácticamente pasó por alto la recomendación del Fiscal General de la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. En términos de disputa noticiosa, el armado de pruebas para disimular la posible comisión del delito de dádivas y otros que puedan desprenderse del viaje, le ganó la pulseada a los dichos del jefe de los fiscales porteños.

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“Limpiemos un mapuche” no fue la única frase relacionada con el pueblo originario, según se desprende de la filtración de los dos grupos de Telegram creados por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín.

Leonardo Bergroth, ex integrante de la SIDE, escribió a las 20,39 horas del 17 de octubre (día de creación del grupo): “A Julián (Ercolini) en tt lo tratan del Lonko Ercolini”. El Juez Federal Carlos “Coco” Mahiques respondió: “El Lonko Julián y la ‘Machi’ Donato”.

Pablo Casey bromeó: “Ella nos protege”. Y Juan Mahiques, el de “limpiar un mapuche” se rió: “Jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja”. Mucho se rió.

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El 25 de noviembre de 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina disparó entre 114 y 129 veces con proyectiles de plomo contra integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Hirieron a dos jóvenes y limpiaron por la espalda a Rafael Nahuel.

El 21 de noviembre de 2021, en la lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero -en cercanías de El Bolsón- dos personas con intereses económicos y laborales en las tierras en disputa dispararon a quemarropa contra miembros de esa comunidad mapuche. Hirieron a Gonzalo Cabrera y limpiaron a Elías Garay.

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Un breve resumen de lo conocido hasta ahora:

* El 13 de octubre pasado viajaron a Lago Escondido un grupo de jueces federales, fiscales, empresarios mediáticos y ex agentes de inteligencia. Fueron de la partida los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos “Coco” Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, Juan Bautista Mahiques; el publicista y lobista Tomás Reinke; el ex agente de la SIDE Leonardo Bergroth; y los empresarios del grupo Clarín Jorge Rendo, presidente del directorio, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales y sobrino de Héctor Magnetto.

* El 17 del mismo mes, el diario Página/12, a través de una nota de Irina Hauser y Raúl Kollmann, informó sobre el vuelo, sin incluir a los directivos de Clarín -aún no estaba confirmada su presencia-.

* Tras la publicación el abogado Marcelo Herzriken Velasco presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Bariloche. El expediente fue caratulado “Ercolini y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas”.

* El mismo 17 de octubre, según se desprende de los chats de Telegram filtrados, Casey creó un grupo llamado “Operación de Página 12”, del cual participan los integrantes del vuelo que se pretendió secreto. El 20 de octubre creó otro grupo de Telegram, denominado “Grupo Donatto contraataca”.

* En ambos chats los involucrados pergeñan estrategias para evitar el avance de la causa por “dádivas”: plantean crear pruebas, mentir, hablar con periodistas y dueños de medios para frenar las repercusiones, y se ufanan -Juan Mahiques lo hace- de haber hablado con la Fiscal Federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien le habría garantizado que intentaría enviar el expediente a Comodoro Py, entre otras medidas.

* El chat completo puede leerse en patagonianfacts.com (en las últimas hora la página fue bajada)

* A partir de la difusión de la filtración, en conferencia de prensa el Presidente Alberto Fernández instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, “a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento”, y al “representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.

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El escándalo por el viaje y los chats filtrados está plagado de nombres y datos que en Bariloche y Río Negro son conocidos y que sirven para dar contexto. Por ejemplo:

* El “Nico” que mencionan los organizadores del viaje es Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia Lago Escondido y la empresa Hidden Lake, del magnate británico Joe Lewis. Fue quien prometió defender “con el winchester en la cintura” la propiedad obtenida gracias a una maniobra fraudulenta.

Van Ditmar recibió al grupo en el aeropuerto de Bariloche, lo trasladó a Lago Escondido, y lo llevó en helicóptero a un centro de esquí.

* El “Tomi” que participa del grupo organizador es el consultor, publicista y lobista Tomás Reinke, quien se desempeñó como Gerente del diario Río Negro, y en la zona cordillerana trazó vínculos con empresarios turísticos y políticos locales.

* Lago Escondido es habitualmente sede de reuniones de representantes del poder político local y de empresarios nacionales e internacionales. Desde mediados de los ‘90 la empresa mantuvo una estrecha relación con los sucesivos gobiernos de la Provincia de Río Negro. Logró autorizaciones para su expansión territorial, para la explotación energética de uno de los ríos que cruza la estancia, y exenciones tributarias. La visibilidad dada por la presencia en el lugar del ex Presidente Mauricio Macri, no sorprendió en la región.

* La causa por la maniobra irregular de compra de los terrenos de lago Escondido fue cerrada por uno de los jueces participantes del viaje, Carlos “Coco” Mahiques.

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Otros datos importantes, no publicados en las notas relacionadas con el caso:

* El Gobierno de Río Negro incumple la orden judicial del 12 de septiembre pasado -que ratifica un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que ya lleva más de 13 años- que le ordena abrir el camino más corto y sencillo de acceso a las costas del lago, cerradas por la empresa de Lewis.

* Lewis es la cara visible de un conglomerado empresarial que, con nexos indisimulables, desarrolla un proyecto de expansión inmobiliaria en la cordillera patagónica, fundamentalmente en Río Negro. Se incluyen intereses de Emiratos Árabes, Qatar, Bélgica, la Reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta, y de empresarios nacionales, entre otros. Para más detalles de esa distribución territorial es fundamental seguir el trabajo periodístico realizado por Susana Lara y el geógrafo Javier Grosso en el medio “El cohete a la luna”.

* La fiscal Etchepare -con quien Mahiques dijo que acordó el envío de la causa a Comodoro Py- es quien solicitó a la juez Silvina Domínguez el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. El operativo fue realizado por un Comando Unificado creado por el ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández el pasado 4 de octubre, nueve días antes del vuelo a Lago Escondido de jueces, fiscales, empresarios y agentes de inteligencia.

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Para intentar evitar ser alcanzados por la figura de aceptación de dádivas, los involucrados tramaron en el grupo de chat la presentación de facturas truchas, emitidas por Lago Escondido. El responsable local de la operación sería Van Ditmar. Este es el diálogo.

Julián Ercolini: Seguro van a seguir, para mi, quienes conocen bien a Nico pregúntenle cómo podemos figurar pagando. Luego vemos si eso necesitamos usar o no.

Carlos “Coco” Mahiques: De acuerdo.

Pablo Yadarola: Coincido también con Julián que deberíamos tener una factura por las dos noches de alojamiento en lago E. De ese modo cerramos cualquier explicación. Y no hay por dónde entrarnos. Todo lo que hicimos está pago y facturado. Es una decisión privada adonde vamos de vacaciones. La confabulación es una idiotez y queda subyacente el espionaje de parte de ellos.

Fuimos dos días intensivos de clases de pesca con mosca, por ejemplo.

Julian Ercolini: Está bueno eso de la pesca.

Leo Bergroth: Estaría bueno si hubiera abierto la temporada (emoji de risa). Abre el 1ro de noviembre, salvo en algunos lagos. Habría que averiguar si este es el caso

El abogado denunciante está convencido que Nicolás Van Ditmar ya presentó a la fiscal Etchepare las facturas apócrifas que intentarían demostrar el supuesto pago del alojamiento en Lago Escondido.

En las últimas horas pidió la detención de D'Alessandro, Casey, Reinke y Van Ditmar; y el desafuero, llamado a indagatoria y secuestro de celulares de los cuatro jueces involucrados.

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El escándalo del viaje y los chats tomó una dimensión tal que aleja la posibilidad de introducir en el análisis lo que significa que un funcionario judicial pida -en broma, como medida distractora, como guiño de clase- matar a un integrante de un pueblo originario. En el lodo político-judicial-mediático del poder real, no hay lugar para comprender que cuando ellos piden “limpiar un mapuche” alguien va y limpia.