El petróleo avanza hacia la costa

El Golfo San Matías, al sudoeste de la provincia de Río Negro, es el lugar elegido por YPF para desarrollar dos megaobras: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada. En un video institucional de dos minutos, la empresa estatal explica que, hacia 2026, el crecimiento en la producción de Vaca Muerta no solo alcanzará para satisfacer al mercado interno sino que permitirá exportar hidrocarburos “generando las divisas que necesita el país para crecer”.

Quinientos setenta kilómetros de caño van a transportar el crudo desde el yacimiento Loma Campana, en la provincia de Neuquén, hasta la costa Atlántica rionegrina. El producto será depositado en tanques de almacenamiento para luego ser despachado hacia dos monoboyas que estarán instaladas a seis kilómetros de la costa. Ahí, buques de todo el mundo podrán amarrar para llenarse la panza de petróleo.

Según voceros de la empresa estatal, el costo de la obra se estima en 2.500 millones de dólares y será financiado por YPF en sociedad con otras compañías. Si la provincia de Río Negro les aprueba el estudio de impacto ambiental, en unos meses podrían comenzar los trabajos. Para explicar su dimensión, señalan que permitiría transportar la totalidad de la producción actual de Vaca Muerta. Calculan que, cuando esté terminada, un tercio de la cuenca neuquina va a tener como destino la exportación.

La localidad más cercana a donde se instalarán los monoboyas es Sierra Grande. Se trata de un pueblo cuyos años prósperos transcurrieron entre la década del ‘60 y la del ‘90, de la mano de la explotación estatal de una mina de hierro. La ciudad llegó a tener unos 20 mil habitantes. En los ‘90, con el menemismo, la empresa fue cerrada y se inició un proceso de privatización. El éxodo, sobre todo de jóvenes, redujo la población a un tercio. Actualmente se calcula que en Sierra Grande viven 12 mil personas que se dedican, principalmente, al comercio, al turismo en las playas cercanas o son trabajadoras estatales. Ven en el proyecto fuentes laborales y de progreso. Sus expectativas chocan con las de quienes advierten el daño irreversible que indefectiblemente causará en la flora y fauna marinas, en la tierra, en el ambiente en general. En sus vidas.

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Convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el 17 de agosto el gobierno provincial cumplió con su obligación de realizar una audiencia pública donde representantes de YPF y de esa Secretaría expusieron las características técnicas del proyecto y el estudio de impacto ambiental, respectivamente.

Con una lista de oradores de 140 participantes, la audiencia se realizó en Sierra Grande y fue un resonador de expresiones de deseos de representantes de la iglesia católica, de universidades, docentes, médicos, comerciantes y funcionarios. “Queremos desarrollo”, “queremos volver a ponernos de pie”, “queremos trabajo genuino”, “queremos futuro para todos”, son algunas de las frases que repetían.

Adrián Marzo vive en Las Grutas y ese día viajó 117 kilómetros para ratificar que el proyecto “ya cuenta con licencia social” y decir: “ahora lo que faltaría a YPF es la responsabilidad social empresaria”. Como quien divulga algo que le fue revelado, el trabajador gastronómico advirtió a los presentes que “hay que estar muy atentos, que todos los clubes de barrio se sientan apoyados, los centros de jubilados, las instituciones” porque esto “no deja de ser otra forma de bajar recursos”.

Anhelos de un mejor trabajo; la comodidad de no tener que viajar a otra ciudad para una consulta médica o ir al dentista; las ganas de tomar un café en un bar y no una estación de servicio; un polideportivo donde practicar un deporte; poder estudiar sin tener que abandonar la ciudad… En el imaginario social, el oleoducto es también un vehículo para satisfacer necesidades que el Estado nunca atendió.

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El primer movimiento para plantear el proyecto en la provincia fue la sanción de la ley N° 5.594 en la Legislatura provincial, a fines del año pasado. Con un tratamiento exprés, la norma modificó la Nº 3.308 que prohibía la instalación de ductos en el Golfo San Matías atendiendo a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas en el mundo. No fue casual que, en la audiencia pública, el vicegobernador Alejandro Palmieri y los legisladores que expusieron después que él, se dedicaran casi exclusivamente a defender ese texto.

El mismo día, el dos veces gobernador de la provincia y electo nuevamente para ocupar el cargo, Alberto Weretilneck, escribió en su cuenta de Twitter: “Con licencia social, bajo estrictos estándares ambientales y cumpliendo las normas vigentes, el proyecto proporcionará nuevas oportunidades a la provincia, generando en su construcción más de 1.400 puestos de trabajo”.

Gonzalo Medina preside la Agencia de Inversiones de Río Negro. Fue el último orador en la audiencia pública de Sierra Grande, donde buscó aclarar dudas sobre el impacto ambiental que puede tener el proyecto. Para eso, citó a un sitio web que había consultado, según el cual en 2021 hubo 6 derrames de petróleo en el mundo, mientras que en ese mismo año hubo 84 accidentes aéreos, para concluir: “eso quiere decir que es mucho más seguro este proyecto que andar en avión”.

La iniciativa también cuenta con el visto bueno del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Daniel Barrio, docente de la Sede Atlántica de esa casa de estudios e investigador del Conicet, expresó que están a favor de la instalación de la obra, pero aclaró que ese apoyo “no es sin algunos reparos”.

En primer lugar, indicó a EED que el estudio de impacto ambiental es solo una foto del momento en el que se hizo el estudio. En ese sentido, sostuvo que, por la vasta experiencia en el campo, tienen estudios complementarios que arrojan “mucha información adicional”. Por ejemplo, tienen identificadas especies marinas que no figuran en el informe y que “nosotros sabemos que están, que existen”.

El segundo punto que advirtió la universidad es la necesidad de llevar adelante un monitoreo permanente de las costas, la flora y la fauna, y para ello propusieron la implementación de un centro de investigación y monitoreo localizado en Sierra Grande. “Nos preocupa la posibilidad de algún tipo de derrame”, confesó, aunque “la situación más grave que puede ocurrir no es un derrame masivo, pero sí puede haber pequeños derrames”.

—¿Por qué no podría haber un derrame masivo?

—Porque lo peor que puede pasar es que se rompa un caño. Supuestamente va a haber sistemas automáticos, pero imaginemos que hay sistemas comandados por personas. Rápidamente uno puede cortar el flujo del petróleo entonces el derrame no es masivo sino que es un derrame más controlado que uno podría mitigar, entre comillas.

Barrio sostiene que hay que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo para que esos derrames no se vayan acumulando y vayan deteriorando las costas, la flora, la fauna.

—En el proyecto de YPF, ¿está previsto ese centro de monitoreo?

—No.

Ballenas francas australes, orcas, toninas overas, pingüinos, elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, cormoranes, orcas, delfines comunes y oscuros, aves playeras, caballitos de mar y una gran variedad de aves, entre otras especies, se alimentan o reproducen en la la Península Valdés, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Ahí, además, se localiza uno de los 23 Sitios Ramsar que hay en Argentina; es decir, uno de los humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales.

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No es que entre los expositores no hubiera voces críticas. Trabajadores identificados con el gremio Uocra irrumpieron en las afueras del gimnasio Vuta Mahuida donde se desarrollaba la audiencia y, con ayuda de la policía provincial, les impidieron el ingreso a vecinos, integrantes de organizaciones, asambleas ambientalistas, comunidades originarias.

Raúl Victorica es un conocido vecino de Sierra Grande y referente mapuche en la zona de la meseta de Somuncura. Cuenta a EED que fue a la audiencia y no lo dejaron participar. Lo que quería decir era esto: “Como mapuche que soy entiendo que es una contaminación catastrófica para nosotros, para la madre naturaleza y más para el golfo”. Reconoce que la gente necesita trabajo, pero entiende que no puede ser a cualquier costo porque la contaminación va a dañar el futuro de las próximas generaciones.“Si nosotros no tenemos tierra no somos nada. No podemos avalar una cosa que viene a contaminar. Sería ir contra la espiritualidad nuestra. Si nos quedamos sin agua nos matan a nosotros”, concluye.

La audiencia pública para informar los alcances de la iniciativa es un requisito legal -aunque no vinculante- que tiene que cumplir cualquier proyecto cuyo impacto va a modificar el curso de la vida de una población. Si en la zona afectada hay comunidades indígenas, además, se debe realizar una consulta previa, libre e informada, tal cual lo establece la constitución nacional. Esa consulta no se realizó.

Fabricio Di Giacomo es miembro de la Multisectorial por el Golfo San Matías, que está integrada por la pastoral social, Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, Fundación Ina Lafken, la Asamblea por la Tierra y el Agua, vecinos y vecinas de Las Grutas, artistas locales, medios comunitarios, entre otros. Su nombre figuraba en la lista de oradores, pero tres palazos en el cuerpo, recibidos al intentar ingresar al gimnasio, lo hicieron desistir.

Pensaba usar sus cinco minutos para recordar que las audiencias públicas deberían ser una instancia de participación ciudadana y el acceso a la información un derecho garantizado. Y para expresar que el proyecto debe ser anulado porque se fundamenta en una modificación inconstitucional de la Ley Nº 3.308. Según el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, un derecho ambiental nunca puede ser regresivo.

En diciembre de 2022, la Multisectorial hizo la presentación de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Los fiscales y el procurador emitieron dictámenes de rechazo al considerar que la Multisectorial no tiene legitimidad activa para hacer dicha presentación. En el mismo sentido se expresó el Superior Tribunal de Justicia, evitando responder la cuestión de fondo. La Multisectorial presentó entonces un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que todavía no fue resuelto.

Por otra parte, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas de Argentina (AAAA), que desde hace años viene denunciando los desastres ambientales ocasionados por la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, como basurales petroleros, sismos, incendios, derrames, filtraciones o accidentes laborales, realizó una presentación junto con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), ante la Unesco y la Convención de protección de Humedales Ramsar.

El abogado de esa asociación, Rafael Colombo, entiende que “Argentina tiene que cambiar el rumbo hacia una producción energética que abandone la dependencia de los combustibles fósiles y que sea justa, popular, soberana, y que al mismo tiempo posibilite que efectivamente haya una política pública que proteja nuestros ambientes, porque la calidad de nuestros ambientes es la posibilidad para el ejercicio de derechos humanos”.

Actualmente, la Asociación junto con la Multisectorial están preparando una serie de denuncias en los ámbitos civil y penal. Una de ellas, contra la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani, por prohibirles la participación en la audiencia y por los hechos violentos que se sucedieron ese día. Pese a no haber podido participar, sienten que lo que quedó es un fuerte saldo organizacional. Que se fortalecieron las redes intersectoriales y con las asambleas de todo el país. Y persiguen una idea: que la defensa del territorio es la misma lucha en todos lados donde haya una avanzada extractivista.