El hombre que sabía el destino de los otros
por Pablo Montanaro
Oscar Lorenzo Reinhold murió a los 91 años, después de acumular siete condenas por delitos de lesa humanidad. Jefe de Inteligencia de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén, negó siempre todas las acusaciones que recibió y calló hasta el final.

Hay una frase que sobrevivió a Oscar Lorenzo Reinhold. No es una de las que pronunció frente a un tribunal. No pertenece a ninguno de los alegatos en los que negó, una y otra vez, haber tenido responsabilidad en los secuestros, las torturas y las desapariciones cometidas durante la última dictadura militar. No figura en los expedientes como una declaración política ni como una explicación sobre aquellos años.
Es una frase más breve. Una orden.
—Preparen el quincho, que va a haber visitas.
Esa frase la escuchó Enrique Teixido el 2 de septiembre de 1976. Hasta ese momento, el médico creía que estaba hablando con un oficial del Ejército que comprendía su situación.
Horas antes, un grupo de hombres armados había intentado detenerlo en su casa de General Roca. Teixido no abrió la puerta. Después decidió hacer algo que, visto desde el futuro, parece incomprensible y, sin embargo, entonces podía parecer razonable: se presentó voluntariamente en el Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña.
En el edificio ubicado sobre la avenida Argentina en Neuquén, lo recibió Oscar Lorenzo Reinhold.
La conversación fue cordial. Reinhold le dijo que entendía perfectamente por qué no había abierto la puerta de su casa a hombres encapuchados. Incluso le ofreció la posibilidad de volver al día siguiente, si necesitaba resolver antes algunos asuntos personales. Teixido estaba frente a un militar que hablaba con calma.
Después Reinhold levantó el teléfono y lanzó aquella frase.
—Preparen el quincho, que va a haber visitas.
Teixido pensó, al principio, que hablaba de un quincho. Media hora más tarde viajaba esposado, vendado y tirado en el piso de un Ford Falcon rumbo a La Escuelita, el centro clandestino de detención que funcionaba en los fondos del Batallón de Ingenieros 181.
Allí, y después en Rawson, permanecería detenido durante un año y medio.
El hombre que había sido amable con él sabía exactamente adónde lo mandaba.
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Los primeros días de julio de 2026, a los 91 años, Reinhold murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había sido condenado siete veces por delitos de lesa humanidad. Dos de esas condenas fueron a prisión perpetua y estaba imputado en el noveno juicio, iniciado este año, por la desaparición y homicidio de Carlos Magariños, secuestrado en Cipolletti, pero fue apartado del proceso por un cuadro de demencia compatible con Alzheimer.
Hasta el final juró ante los jueces del tribunal que no era responsable de esos crímenes que fueron considerados delitos de lesa humanidad.
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Desde marzo de 1976 había miedo y silencio. En medio de ese silencio, familias que seguían preguntando y querían saber dónde estaban sus hijos, sus maridos, sus hermanos. ¿Los tenían detenidos? ¿Alguien sabía algo? Las preguntas se repetían en oficinas, comisarías y cuarteles, de una puerta a otra, de un despacho a otro. Eran madres, padres, esposas, hermanas, hermanos que habían aprendido a recorrer esos lugares buscando una respuesta que casi nunca llegaba.
A veces, después de atravesar los extensos pasillos del Comando, terminaban frente a Reinhold. Él los recibía, los escuchaba y respondía que no sabía. Negaba que aquella persona estuviera detenida. La pregunta era siempre parecida. La respuesta también: “No está detenido”, “No sabemos dónde está”, “No tenemos información”.
Pero mientras esas respuestas se repetían, en Neuquén y en distintos puntos de la Norpatagonia las desapariciones dejaban sus propias marcas. Los nombres comenzaban a circular entre familiares. Las noticias llegaban fragmentadas, de boca en boca. Algunos relatos conseguían atravesar el miedo. Otros quedaban guardados durante años en la memoria de quienes habían visto, escuchado o padecido algo.
Mucho tiempo después, esas historias empezarían a encontrarse en testimonios, documentos y expedientes judiciales. Los tribunales volverían sobre aquellas escenas y sobre el papel que había desempeñado Reinhold frente a los familiares de los detenidos. El Tribunal Oral Federal de Neuquén consideraría que esa conducta expresaba un “desprecio a la humanidad de los detenidos y de sus familiares”.
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Oscar Lorenzo Reinhold había nacido el 26 de enero de 1935 en Santa Fe. Hizo carrera en el Ejército Argentino y se especializó en Inteligencia. En 1973 fue designado auxiliar de la División III Operaciones de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña. El 14 de enero de 1976 pasó a desempeñarse como auxiliar jefe de la División II Inteligencia. Dos meses después ocurrió el golpe de Estado.
Su superior, Osvaldo Laurella Crippa, fue designado jefe de la Policía del Neuquén. Reinhold quedó al frente de la estructura de Inteligencia.
En octubre de 1976 ejercía formalmente la jefatura. El 31 de diciembre fue ascendido a teniente coronel. La División de Inteligencia era una de las piezas centrales de la llamada Subzona 52, dependiente operacionalmente del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. Desde allí se articulaban seguimientos, tareas de inteligencia, secuestros y operaciones clandestinas en Neuquén y Río Negro.
La burocracia militar tiene una manera particular de esconder las cosas detrás de las palabras: División, Subzona, Operaciones, Inteligencia.
Detrás de esas palabras había personas que eran perseguidas, vigiladas, secuestradas. Trasladadas de noche, vendadas, esposadas, tiradas en el piso de un auto y que llegaban a La Escuelita.
Algunas de esas personas volverían, otras no.
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El camino hacia el lugar de tortura tenía un obstáculo que los sobrevivientes no podían ver, pero que algunos, años después, terminarían recordando con una precisión inquietante.
Los secuestradores los sacaban vendados y les ordenaban agacharse. No era un gesto cualquiera. Había soldados haciendo guardia del otro lado, cerca del alambrado del Batallón, y quienes los llevaban evitaban que los vieran avanzar hacia el lugar donde serían torturados. Caminaban así, encorvados, tratando de seguir las indicaciones que recibían y midiendo el trayecto con los pasos, con los sonidos, con aquello que podía atravesar la venda.
Entonces aparecía el álamo.
No podían verlo. Podían sentirlo.
El árbol estaba junto al camino que conducía al galpón donde los torturaban. Allí, antes de continuar, les golpeaban la cabeza contra el tronco.
Décadas después, durante una visita judicial al lugar, uno de los sobrevivientes señaló el árbol. Era un álamo viejo, ya caído. Lo reconoció como parte de aquel recorrido, como una marca que había quedado guardada en la memoria de su cuerpo.
“Este viejo álamo que ya está caído era el álamo donde nos golpeaban la cabeza cuando nos sacaban”, recordó David Lugones en una inspección ocular al predio junto a los jueces del tribunal. Estaba justo en el trayecto hacia el lugar de tortura. Después agregó una posibilidad que todavía le resultaba difícil de explicar: “Quizás golpearnos contra ese árbol sería una diversión para ellos”.
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La Escuelita funcionaba en los fondos del Batallón de Ingenieros 181. Era uno de los principales centros clandestinos de detención de la Patagonia. Allí estuvieron secuestrados cientos de hombres y mujeres sometidos a interrogatorios bajo tortura, amenazas, aislamiento y tormentos físicos y psicológicos.
Durante los juicios, los sobrevivientes fueron reconstruyendo ese mundo. No todos habían sido detenidos al mismo tiempo. No todos se conocían. Muchos declararon décadas después. Y, sin embargo, sus relatos coincidían.
Había un hombre. Un oficial. Una autoridad. Reinhold.
Los tribunales concluyeron que había sido un “actor principal e indiscutido en el plan sistemático de persecución” desplegado en la región.
Para algunos sobrevivientes, era quien decidía quién debía ser detenido, quién debía ser interrogado, quién podía recuperar la libertad, quién debía seguir desaparecido.
El poder, en ocasiones, se expresa con grandes discursos. Otras veces se expresa con una frase pronunciada por teléfono.
—Preparen el quincho.
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Raúl Radonich fue secuestrado dos veces en 1977. La primera, el 13 de enero. Lo capturaron en su lugar de trabajo y lo llevaron a La Escuelita. Lo torturaron porque querían información sobre una supuesta pertenencia a Montoneros. Permaneció esposado y vendado durante seis días. En los interrogatorios las descargas eléctricas de la picana fueron cada vez más fuertes. “Ellos tenían fe en la tortura. Es devastadora. Machacaban la carne con rigor. Buscaban la destrucción física, psíquica y moral de la persona”, describió Radonich cuando declaró en uno de los juicios.
Después fue liberado. Entonces apareció Reinhold. Radonich recordó que el jefe de Inteligencia le dijo:
—Si hubiera sido detenido en La Plata, su suerte hubiera sido distinta. La democracia es una forma imperfecta de gobierno, pero existen peores.
Después vino la otra parte, el relato que debía contar una vez liberado.
Reinhold le indicó que no hablara de su secuestro ni de las torturas. Su familia había denunciado su desaparición. Ahora debía informar que había reaparecido. Había, incluso, una versión para explicar los días ausentes. Decir que se había ido con una “amiguita” a Las Grutas.
Eso también formaba parte de ese mecanismo perverso de los represores de secuestrar, torturar, liberar, y luego fabricar una historia para que nadie hiciera demasiadas preguntas.
Radonich volvería a ser detenido meses más tarde, en abril de 1977, y trasladado a la Unidad Penal 9.
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Había alguien que a los militares les resultaba especialmente incómodo: Jaime de Nevares.
El obispo de Neuquén denunciaba públicamente las desapariciones, recibía a familiares, acompañaba a las víctimas y se convertiría en una de las voces más importantes de los derechos humanos en la Patagonia.
Reinhold evitaba asistir a sus misas. Según reconstrucciones periodísticas de la época, cuestionaba al obispo porque, decía, estaba más preocupado por la política que por las almas de los católicos.
La paradoja era casi perfecta. Reinhold se definía como un hombre profundamente creyente. De un lado estaba el militar preocupado por las almas. Del otro, el obispo que preguntaba por los cuerpos.
En plena dictadura militar, Alicia Hartridge, esposa de Jorge Rafael Videla, visitó la Catedral de Neuquén. Y según supo relatar Rubén Capitanio, secretario de De Nevares, el obispo la esperó a la salida de la capilla. Llevaba en la mano una lista con los nombres de los desaparecidos de la zona.
—Señora, ¿por qué no le dice a su marido que le diga a estas madres dónde están sus hijos?
La respuesta de Hartridge fue que esas madres deberían haberse ocupado antes de saber dónde estaban sus hijos y que ella sí sabía dónde estaban los suyos y sus nietos.
De Nevares la miró y respondió:
—Perdón, señora. Creí que hablaba con una madre. Buenos días.
Se dio vuelta y siguió hacia su despacho. Hartridge lo alcanzó antes de que cerrara la puerta.
—Bueno, monseñor, deme esa lista.
De Nevares se volvió.
—No. Ahora es tarde, señora
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Pasaron los años y volvió la democracia. Durante mucho tiempo, los crímenes de la dictadura parecieron encerrados en una combinación de silencio, impunidad y miedo. Hasta que llegaron los juicios y las víctimas volvieron a hablar.
Los sobrevivientes repitieron sus historias en los tribunales. Esas historias, que durante años habían sido relatos aislados, comenzaron a formar un dibujo. En ese dibujo, el nombre de Oscar Lorenzo Reinhold aparecía una y otra vez.
Su defensa, en cambio, permaneció casi intacta. Negó haber participado en secuestros, negó haber torturado, negó haber dado órdenes. Negó ser responsable.
—No soy responsable de lo que se me imputa —dijo en uno de sus alegatos.
También sostuvo que había actuado respetando la cadena de mandos prevista por el Código de Justicia Militar. Los tribunales rechazaron esa versión.
Con el paso de los años acumuló condenas de prisión perpetua, por secuestros ilegales, torturas y homicidios cometidos en perjuicio de 87 víctimas.
En 2023, una nueva sentencia incorporó además un delito que durante mucho tiempo había permanecido oculto detrás de la categoría general de los tormentos. Por primera vez, la Justicia reconoció la violación sufrida por un detenido varón dentro de La Escuelita. El fallo consideró a Reinhold partícipe necesario de ese delito sexual.
Aun entonces, cuando los años ya habían pasado y las condenas se acumulaban, su respuesta siguió siendo la misma:
—Yo no.
Oscar Lorenzo Reinhold, el hombre que sabía, murió lejos de Neuquén. Las noticias recorrieron su pasado durante la dictadura, sus condenas y el papel que la Justicia había establecido en los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero también dejaron expuesta otra mirada. La Unión de Promociones, integrada por miembros en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, expresó su pesar por el fallecimiento y lo recordó como un “preso político en cautiverio”.
En un breve comunicado a sus camaradas, la organización informó la muerte de quien había sido jefe de Inteligencia y sostuvo que se produjo en el marco de un supuesto “proceso de persecución, venganza y exterminio”, al que atribuyó “irregularidades jurídicas” instrumentadas por una “justicia prevaricadora”.
Así, incluso en la noticia de su muerte, Reinhold volvió a quedar en el centro de una disputa sobre cómo contar y juzgar aquellos años. Sin embargo, su nombre está en las sentencias, en las declaraciones de las víctimas y de los familiares.
La historia, armada lentamente con retazos de memoria, documentos, testimonios y sentencias, terminó dibujando la figura de un hombre que había hecho de la información una forma de poder.
Un hombre que sabía y que, precisamente por eso, podía decidir qué hacer con la vida de los otros.