Crónica I: ¿Dónde empieza la locura?

Viajo en el mismo colectivo que la familia de Rafael. Me pregunto qué estará pensando Graciela. Sentada en la butaca, ¿pensará en su hijo, en su hijo vivo, en su hijo vivo durante las visitas casi diarias a tomar mate?. ¿O en su hijo caído, en su hijo muerto, en su hijo con un balazo? ¿Mirará por la ventana buscando alguna respuesta que hasta ahora la Justicia no le dio o sólo se distraerá con el monótono transcurrir del valle, la inmensidad patagónica, y, finalmente, los ríos y montañas de la escenografía cordillerana?

Es miércoles 16 de agosto. Viajamos, en el mismo colectivo que nos lleva de regreso desde la ciudad de General Roca -donde se sustancia el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel- hasta Bariloche, donde viven los padres del joven asesinado, y yo. La ciudad en la que Rafael fue ultimado por cinco miembros del grupo de elite Albatros de la Prefectura Naval Argentina, hace ya casi seis años.

Mientras me acomodo para leer, intento imaginar cuánto pensará Graciela a Rafael a bordo de este bus que tardará siete horas en llegar. ¿Será para ella el tiempo igual que para mí? ¿La aparición de la imagen de su hijo no ralentizará su tiempo, hasta convertir las siete horas en diez, cien?

Hace pocas horas, en la audiencia en el Tribunal Oral Federal, Graciela vio en un monitor y por zoom el rostro de los cinco responsables de la muerte de su hijo. Qué guardará en la memoria de esas caras, caras como cualquier cara, caras en las que sólo la sugestión permite distinguir la marca de un asesino. Qué simple sería desentrañar un caso así -o incluso qué simple serían los ritos vinculares- si el rostro de cada quien incluyera una marca indeleble, inevitable, en la que se lea cada hecho de su vida. Una gestualidad, una mancha, una forma de mirar en la que descubrir la responsabilidad de, pongamos por caso, el asesinato por la espalda de un joven mapuche el 25 de noviembre de 2017.

Pero no. Los cinco rostros que desde la pantalla siguen las instancias del juicio que los tienen como imputados son rostros como cualquiera, morochos, jóvenes, con el pelo corto. Son rostros que en poco se distinguen de la cara de la víctima.

Qué pensará Graciela.

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Graciela y Alejandro, padres de Rafael, y Ezequiel, su hermano, están presentes en las dos primeras audiencias de un juicio que, se calcula, se extenderá por dos meses, con dos jornadas semanales. Graciela, Alejandro y Ezequiel llegan a los tribunales sobre la hora de inicio de la primera audiencia, en silencio, llevan remeras blancas con una foto estampada de Rafael y la leyenda Justicia por Rafita.

El Tribunal resolvió que el juicio se realice en una pequeña sala con capacidad para 35 personas en General Roca, lo cual obliga a la familia, a los abogados querellantes, al fiscal subrogante, a los testigos barilochenses, a los allegados, a viajar todas las semanas 482 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para poder asistir a las audiencias.

Uno de los abogados de la familia, Rubén Marigo, solicita durante la primera jornada que el juicio se traslade a Bariloche. Lo mismo habían pedido las querellas que representan a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una y otra vez el Tribunal se negó argumentando las dificultades que implicaría para esa Corte movilizarse hasta la ciudad andina.

Yo viajo también semanalmente para cubrir el juicio para la agencia Télam, para En Estos Días y para el documental que sobre el caso estamos filmando hace cuatro años.

Las audiencias se inician a las 8,30, pero una hora antes nos obligan a estar en el lugar para acreditarnos, seas parte del público o de la prensa. Igualmente el juicio no despierta mucho interés para los medios: el primer día seis o siete periodistas seguimos las alternativas de la audiencia; el segundo, apenas tres.

En cambio, afuera del tribunal, los dos primeros días se congrega un grupo de entre 100 y 150 personas, en su mayoría mapuche y de organizaciones sociales y partidos de izquierda para reclamar justicia por Rafael. Al término de cada jornada, la familia y los abogados se dirigen a ellos con un altoparlante.

Inicialmente están citados 90 testigos, aunque es probable que durante el desarrollo del juicio algunos sean exceptuados. Si todos concurriesen, a un promedio de entre 4 o 5 testigos por jornada, nos esperan dos meses y medio de testimonios. Llegará luego el momento de los alegatos de las querellas, la fiscalía y las defensas. Y más tarde la sentencia.

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Los cinco imputados asisten a las audiencias por zoom. Todos integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio García aparecen en pequeños recuadros en un televisor de 32 pulgadas ubicado en una de las esquinas de la sala. Un segundo televisor con las mismas imágenes está en la pared del fondo, de cara al Tribunal. Pero nadie lo mira. Habría que girarse para hacerlo.

Cavia está procesado como responsable de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, y los otros cuatro como “partícipes necesarios” del mismo delito. Es decir que para el texto de la elevación a juicio, el cabo primero Sergio Cavia efectuó el disparo mortal. Lo singular es que en el cargador de la pistola Beretta 9 mm que portaba ese uniformado no faltaba ningún proyectil. Y durante la persecución y cacería que realizaron contra los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, los Albatros dispararon en 130 oportunidades con munición de plomo.

El atenuante de la legítima defensa, así como las contradicciones en las pericias balísticas, serán claves en el proceso. Tanto para determinar responsabilidades como para la aplicación de condenas -en caso que se apliquen.

En las futuras entregas de estos partes-crónicas del juicio me ocuparé en detalle de estos ejes.

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El Presidente del Tribunal es Alejandro Silva, un juez de unos 60 años, de cara cuadrada, tupidas cejas negras, pelo cano. Vestía, el primer día, un impecable saco negro, camisa celeste y corbata azul. Un gran reloj plateado y negro completa su escenografía personal y tribunalicia. Es campechano para el trato, transmite la idea de que todos los presentes desean terminar rápido con el trámite de las audiencias; sacarse el juicio de encima.

Lo acompañaron otros dos magistrados más jóvenes, que no hablan, aunque se los ve seguros de sí mismos, con una larga y privilegiada carrera judicial por delante.

El Fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz, de porte grande, barba cana y ojos claros, tiene a su cargo conducir la imputación del Ministerio Público, cuyos términos coinciden, en sus puntos centrales, con la elevación a juicio realizada por la jueza de Instrucción.

Cuatro abogados representan a las querellas: dos de ellos a la familia de Rafael, uno a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y uno a la APDH. Están sentados de frente al tribunal y a sus espaldas, se ubican la mamá, el papá y el hermano de la víctima.

Tengo con uno de los abogados una relación de vieja data: Rubén Marigo, como integrante de la APDH, me representó gratuitamente en varias causas iniciadas por funcionarios municipales y provinciales por investigaciones periodísticas que conduje. Siempre sin cobrarme, convencido de la veracidad de esas investigaciones y la necesidad de garantizar la libertad de expresión, puso a disposición su tiempo. Espero lograr ser imparcial con su tarea en este juicio.

Dos abogadas, presentes en la sala, forman parte de la estructura legal de la Prefectura y, en suerte, les tocó la representación de dos de los imputados: Obregón y García. Rubias, de trajes con estilo, las abogadas se muestran férreas en sus planteos de defensa de los dos Albatros, pero miran sin embargo compasivamente a la familia. “También somos mamás”, les escuché decir por lo bajo.

Frío, en cambio, se mostró el abogado de los otros tres uniformados, Marcelo Hugo Rocchetti, ex funcionario del gobierno que -entre 2015 y 2019- organizó y ejecutó la campaña anti mapuche durante la cual se produjo el asesinato de Rafael Nahuel.

Se muestra Rocchetti es un decir. En el recuadro del zoom apenas se le ve la cabeza, una cabeza pelada y rojiza, el borde superior de los anteojos. Desde esa posición de semi ocultamiento, a mil cien kilómetros de la sala donde la familia de Rafael espera respuestas, interpeló al juez por presencia de “un encapuchado” en el tribunal. “¿Está identificado?”, pregunta.

-Es una persona con gripe, tiene un barbijo- responde el Juez.

-¿El gorro también es para la gripe? -repregunta Rocchetti.

-Esas expresiones déjelas para la Presidencia. Quién entra lo resuelve el Tribunal y la Secretaría. La persona fue identificada.

-No me trate como un alumno, soy el abogado defensor. ¿Quién es esa persona?, no me contestó -se altera Rocchetti.

-Que tenga un excelente día -lo despide el Juez.

El “encapuchado” es Ezequiel, hermano de Rafita. En ningún momento durante la discusión se saca la gorra ni el “cuellito” de tela que le cubre la boca.

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Me acomodo en mi asiento del bus dispuesto a transitar las próximas siete horas de viaje de regreso a Bariloche. Abro la tablet para seguir leyendo V13 de Carrére, el último libro del escritor francés en el que pormenoriza su cobertura del juicio por los atentados yihadistas en París en 2015, en los que fueron asesinadas 130 personas.

¿Por qué Carrére está ahí, siendo un escritor y no un periodista, según aclara? “Será un gran acontecimiento, algo inédito que quiero presenciar: primer motivo”, dice. Y agrega: “Otro es que, sin ser un especialista en el Islam, y menos aún un arabista, me interesan asimismo las religiones, sus mutaciones patológicas”. Al escritor francés le interesa la noción de Dios y aquello que, en su nombre, el hombre es capaz de hacer.

Empecé a leer V13 hace un par de meses y desde entonces tomo nota de cada uno de los capítulos o bloques en los que está estructurado el libro. Anoto en un cuaderno, por caso: “capítulo polifónico: muchas declaraciones de víctimas sobre lo sucedido. Declaraciones fuertes, otras triviales: las hace jugar”. O: “Describe el horror con un fragmento del expediente. Pone el sufrimiento en las víctimas civiles que escuchan el juicio”.

Releo esos apuntes para esta crónica.

En el expediente de la causa por el asesinato de Nahuel, un testimonio tiene especial impacto: el de Fausto Jones Huala, uno de los jóvenes que estaba con la víctima y bajó el cuerpo en una camilla improvisada, en busca de ayuda médica:

“En un momento estábamos en el monte y decidimos bajar porque no se escuchaba nada abajo, en la construcción que tenía la gente ahí. Cuando empezamos a bajar fuimos interceptados por efectivos de Prefectura, no sé cuántos eran, nos gritaron ‘¡Alto!’ y nos empezaron a disparar. Nos resguardamos un poco, fueron muchos disparos, rebotaban los disparos en los coihues. En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo. Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Se levantó la remera y tenía como una pelota del lado derecho, cerca de las costillas. Observé que sobre el costado tenía sangre, y bajo la axila una pelota. Con unos palos armamos una camilla y lo empezamos a trasladar hacia abajo. Lo atamos a la camilla y empezamos a trasladarlo, para llevarlo hasta la ruta. En el camino yo recogí un casquillo de 9 mm. que me guardé en el bolsillo y está con las cosas que me secuestraron. Cuando llegamos a la casita que tenía la gente, no había nadie. Seguimos trasladando el cuerpo y antes de llegar a la Ruta justo estacionó la ambulancia. Cuando nos ven se acercaron un montón de efectivos y nosotros gritamos que ‘no teníamos nada y nos íbamos a entregar’. Llegamos a la Ruta, se estaciona la ambulancia y allí nos dicen que dejemos el cuerpo ahí. (…) En el momento en que Rafael recibe el impacto de bala, se lo hicimos saber a Prefectura pero ellos se fueron”.

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El miércoles 16, día de la segunda audiencia, fue tiempo de las indagatorias. Sólo dos de los cinco imputados por el crimen hicieron uso de la palabra. Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa leen sus declaraciones. Están en un mismo ambiente de techo plomizo y grandes espacios deshabitados, parece una sala de visitas de una cárcel. Pero los Albatros no están presos a pesar de la acusación que pesa sobre ellos. Se turnan para ponerse frente a la cámara.

Los dos Albatros que declararon en indagatoria -que el 25 de noviembre de 2017 estaban uniformados para la guerra, con armamento letal y disuasorio, bombas de estruendo-, vestían de sport tan de pullover blanco y anteojos Pintos, tan de buzo gris Sosa. En un desesperado intento por salvar su situación dijeron que los responsables del asesinato son los propios integrantes de la comunidad mapuche, que mataron por la espalda a su compañero.

Antes de detallar lo ocurrido según su relato, argumentaron políticamente su accionar. Hablan de acabar con la “problemática mapuche”, de “cumplir órdenes” y de accionar para “defender la Patria”.

En primer lugar, Pintos dijo: “A los 20 años ingresé a la fuerza” por “vocación de servicio y patriotismo” y por el “amor a la Patria inculcado por mi familia”.

Durante 20 minutos intercaló acusaciones a jueces y políticos que no hacen lo suficiente para defender a la Nación y dijo que actuó en cumplimiento de su deber.

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Vuelvo a los apuntes de V13. En nombre de Dios los yihadistas de París. En nombre de la Patria los Albatros de Bariloche. “¿Dónde empieza la patología? Cuando se trata de Dios, ¿dónde empieza la locura? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente?”, se pregunta Carrére. ¿Y cuando se trata de la Patria?, me pregunto. ¿Es posible disparar 130 veces con proyectiles de plomo en nombre de la Patria contra un grupo de personas que reclaman un territorio propio? ¿Es posible hacerlo si previamente no se construyó -si el propio Estado no construyó- política, emocional y psicológicamente la idea de un enemigo interno? ¿Dónde empieza, también en este caso, la locura o la patología?. Todo tan parecido.